La Audiencia Provincial de Badajoz ha aplazado el juicio que debía sentar en el banquillo a seis personas que están acusadas de pertenecer a una banda de narcotraficantes que está acusada de introducir droga en la provincia de Badajoz.
El juicio había sido señalado para el martes y el miércoles pero antes de comenzar el representante del Ministerio Fiscal introdujo una larga lista de pruebas que incluía las conversaciones intervenidas en los teléfonos de los investigados.
La solicitud del fiscal fue rechazada por los abogados de las defensas, que consideraban inapropiado que todas esas pruebas fuesen propuestas justo cuando iba a iniciarse la vista.
Los abogados defensores plantearon que en la causa que había llegado a la Audiencia no figuraban las conversaciones telefónicas por lo que era extemporáneo aportarlas. Por esta razón solicitaba que fueran consideradas nulas.
Fernando Fontán, Emilio Cortés, Patricia Pino, José Martín Herreros, Carlos Sabán y Juan José Collado entendían que si el tribunal admitía la nulidad de esas pruebas la causa perdería fuerza y sus representados sería absueltos. A ello añadían un segundo argumento: los autos judiciales que autorizaban los pinchazos policiales no estaban suficientemente justificados.
Tras escuchar a las partes, el tribunal decidió aplazar la vista hasta resolver estas cuestiones previas en un auto.
En ese juicio la Audiencia sentaba en el banquillo a seis supuestos narcotraficantes para los que se piden penas superiores a los 9 años de prisión por introducir en Extremadura sustancias estupefacientes que eran distribuidas en la zona de Fuente de Cantos.
En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se indica que desde comienzos de 2019 hasta junio de 2020 los encausados adquirieron, fabricaron, distribuyeron y vendieron al pormenor cocaína, MDMA, speed, hachís y marihuana.
La acusación pública entiende que los seis encausados forman parte de un grupo perfectamente jerarquizado en el que ejercían las labores de dirección y coordinación Felipe C.C. y Cristian M.N. A ellos se unían Samuel A.C., Juan Antonio C.C. y José María M.S., que asumían las funciones de seguridad, transporte y entrega de la droga. Para ello utilizaban vehículos con dobles fondos y se valían de aplicaciones de mensajería imposibles de interceptar.
